Perú se levantó este miércoles 14 de mayo, una ola de indignación recorre el país, impulsada por un paro nacional masivo. Decenas de organizaciones sociales, sindicatos y colectivos ciudadanos convergen en una protesta sin precedentes desde 2025, exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
La crisis de legitimidad que la rodea se intensifica, especialmente tras la reciente dimisión de su tercer premier en menos de dos años de gestión. Además de la salida de Boluarte, los manifestantes demandan acciones inmediatas contra la inseguridad y la corrupción rampantes que azotan a la nación. La masacre de 13 mineros en Pataz, La Libertad, actúa como detonante de la indignación, evidenciando la inacción del gobierno ante el crimen organizado.
Asimismo, la movilización, según informes de medios locales, registra una participación masiva en regiones clave como Lima, Callao, Ayacucho, Puno, Loreto y Pasco. Transportistas, gremios laborales, estudiantes universitarios, comerciantes de emporios como Gamarra y organizaciones agrarias e indígenas se unen en una sola voz.
Por otra parte, si bien la renuncia de Boluarte es el reclamo central, respaldado por el «100% de la población» según Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, las exigencias abarcan un espectro amplio. En primer lugar, los manifestantes piden la derogación de leyes que facilitan la privatización del agua y otorgan supuestos «beneficios al crimen».
En segundo lugar, exigen la creación de un plan nacional de seguridad ciudadana para combatir la creciente violencia. Adicionalmente, demandan reparación para las víctimas de la violencia estatal y el sicariato. Finalmente, exigen garantías de empleo formal y libertad sindical. Gustavo Minaya, líder de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), denuncia la falta de protección gubernamental hacia los trabajadores y la persecución sindical. Además, la CGTP exige la construcción del Gasoducto Sur Peruano, un proyecto crucial para el desarrollo de las regiones andinas.
Consecuentemente, la popularidad de Dina Boluarte se desploma a niveles históricos. Según la encuestadora Ipsos, su aprobación registra un alarmante 0% en la región norte del Perú y supera el 90% de rechazo en todo el país. En efecto, esta situación se suma a la crisis de la coalición que la llevó al poder, construida inicialmente con el respaldo del fujimorismo de Fuerza Popular (FP) y Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña Peralta.
De igual forma, la reciente renuncia del primer ministro Gustavo Adrianzén, ante la inminente aprobación de una moción de censura, profundiza la inestabilidad política. Por lo tanto, el paro nacional actual, con su alta convocatoria, refleja años de crisis política, desde el golpe contra Pedro Castillo en 2022 hasta el aumento vertiginoso de homicidios y extorsiones. Sin embargo, la particularidad de esta movilización radica en su capacidad para unir a sindicatos históricamente fragmentados.
Por añadidura, Jorge Agurto, del Servicio de Comunicación Intercultural, atribuye la agudización de la crisis a la cercanía de las elecciones presidenciales de 2026. En otras palabras, las agrupaciones políticas que sostienen el gobierno de Boluarte desde el Congreso comienzan a distanciarse, anticipando el cambio de poder. Así pues, el país se encuentra en un punto de inflexión, donde la demanda de justicia y seguridad resuena con fuerza en las calles.
Por lo que decenas de peruanos se movilizan para denunciar la violencia desbordada y la inacción gubernamental.De hecho, la masacre de 13 mineros en La Libertad desencadena una protesta nacional, evidenciando la ausencia del Estado frente al crimen organizado. De la misma manera, las cifras de robos y extorsiones, con un aumento del 225% y 50% respectivamente entre 2022 y 2024, subrayan la gravedad de la situación.
La reciente designación de Eduardo Arana como nuevo presidente del Consejo de Ministros, tras la renuncia de Adrianzén, no logra calmar la indignación popular. En última instancia, la aprobación de Boluarte se reduce a un mínimo histórico del 2%, mientras que su desaprobación alcanza el 96%, según la última encuesta de Ipsos. En conclusión, Perú se levantó en un clamor unificado por un futuro más seguro y justo
