El fiscal General de la República, Tarek William Saab, rechazó las acusaciones temerarias de Óscar Murillo, coordinador general de PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), en las cuales denuncia la supuesta desaparición de un colaborador de su organización.
La información la dio a conocer el Ministerio Público (MP), en su cuenta de la red social Instagram, en la cual el fiscal Saab, afirmó que estos ataques a las actuaciones del sistema justicia venezolano en contra de los grupos desestabilizadores y contrarios a la paz de la República forman parte de una campaña sostenida para garantizar la impunidad.
En su declaración, informó que en el caso de Eduardo Torres, contrario a lo que señala este vocero, ha sido detenido por su vinculación con una trama conspirativa para generar violencia durante las elecciones programadas para el 25 de mayo.
Eduardo Torres a través de una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros, usaba talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia llamando a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas.
Estos mensajes, eran difundidos además por este ciudadano, de forma pública a través de redes sociales. En dicha causa hay varias personas involucradas que ya han sido identificadas y se encuentran solicitadas por los tribunales competentes.
Este ciudadano, destacó el Fiscal, fue presentado conforme lo establecen los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa y se le decretó medida privada de libertad por los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación.
En este sentido, el MP se encuentra evaluando desde el punto de vista jurídico si se procede a accionar en respeto a la legalidad interna de Venezuela frente a estas acusaciones temerarias realizadas por Murillo, que son utilizadas en el exterior para agredir a la Constitución y al pueblo venezolano.
Saab reiteró que en todos los procedimientos penales del país existe un estricto apego a la legalidad, al debido proceso y los principios de derechos humanos que contempla nuestro ordenamiento jurídico.
