El juez federal de los Estados Unidos, James Boasberg, señaló este jueves que la administración del presidente Donald Trump actuó con “mala fe” al deportar a más de 238 migrantes venezolanos bajo la polémica Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, justo horas antes de que su orden para bloquear las expulsiones se hiciera pública. Esta acción generó un fuerte debate sobre la legalidad y la ética de la deportación de migrantes que han buscado refugio en Estados Unidos.
Durante una tensa audiencia en el Tribunal de Distrito de Washington, Boasberg cuestionó la legalidad de las acciones del gobierno de Trump. Según el juez, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó las deportaciones sumarias antes de que se anunciara la proclamación ejecutiva que las autorizaba. Boasberg aseguró:
“Si realmente creían que todo era legal, no habrían operado así”, al referirse a la firma secreta de la orden por parte de Trump el 14 de marzo y su divulgación tardía el 15 de marzo, cuando los vuelos de deportación ya estaban en curso.
La legalidad del proceso de deportación
La audiencia se centró en determinar si la administración Trump violó la orden del juez del 15 de marzo, que suspendía por dos semanas las deportaciones de presuntos miembros de la extinta pandilla Tren de Aragua. A pesar de esta medida, dos aviones con deportados arribaron a El Salvador, donde los migrantes venezolanos permanecen detenidos en el Centro de Internamiento del Terrorismo (CECOT).
El Departamento de Justicia (DOJ), representado por el abogado Drew Ensign, insistió en que no se había producido desacato, argumentando que los vuelos habían salido del espacio aéreo estadounidense antes de que el juez emitiera su fallo. No obstante, Boasberg obtuvo una admisión clave del DOJ: la orden judicial no impedía la deportación de los acusados mediante procesos regulares ni liberaba a los pandilleros, lo que contradice las afirmaciones previas de la administración Trump.
Las organizaciones de derechos humanos y los abogados de los deportados denunciaron que muchos migrantes fueron etiquetados como pandilleros simplemente por tener tatuajes familiares o camisetas de fútbol. Estos individuos no tuvieron la oportunidad de defenderse y, en la mayoría de los casos, no contaron con antecedentes penales.
La administración Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros, una herramienta que data de la Segunda Guerra Mundial y que se empleó contra japoneses y alemanes, para llevar a cabo expulsiones sin audiencia. Esta situación ha generado un gran rechazo tanto en el ámbito legal como en el de los derechos humanos. Por el momento, Boasberg extendió la suspensión de deportaciones por dos semanas más y evalúa una medida permanente ante la creciente presión y las dudas sobre la legalidad en el proceso de deportación de migrantes.
