A pesar de que un juez federal dio plazo hasta este martes, al mediodía, al gobierno de Donald Trump para presentar los detalles sobre la deportación de venezolanos a El Salvador, la autoridades estadounidenses se resisten a compartir información alegando que hay «mucha seguridad nacional operativa y relaciones exteriores en riesgo».
Asimismo, la Casa Blanca insiste que los tribunales federales carecen de jurisdicción sobre la autoridad del presidente Trump. Sus abogados también argumentaron que la jurisdicción del tribunal estaba limitada por el estatuto.
El pasado sábado en la tarde, el juez federal de distrito, James Boasberg, ordenó suspender las deportaciones. Pero el gobierno estadounidense hizo caso omiso y deportó ilegalmente a 261 personas, de los cuales 238 son venezolanos acusados sin pruebas de pertenecer a la banda criminal el Tren de Aragua.
«137 personas expulsadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y más de 100 expulsadas mediante procedimientos migratorios estándar. También había 23 salvadoreños miembros de la pandilla MS-13 deportados», detalló la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante la audiencia con Boasberg.
Detalles de los vuelos
El juez intenta determinar la cronología de los acontecimientos que rodearon sus fallos del sábado, que incluye los detalles de cuándo despegaron los vuelos y quiénes estaban en ellos.
Se pudo conocer que en total fueron 3 vuelos los que salieron de EE.UU. rumbo a El Salvador; pero hicieron una escala preliminar en Honduras, violando las decisiones orales y escritas del juez Boasberg.
Por su parte, expertos legales consideran que el desacato de la orden por parte de las autoridades estadounidenses podrían desencadenar una crisis constitucional.
«Las acciones de la Administración Trump podrían desencadenar una crisis constitucional. Incluso podría afirmar que nos estamos acercando mucho a eso», comentó el abogado de la ACLU, Lee Gelernt.
Además, Gelernt cuestionó la afirmación de Trump de que los inmigrantes deportados pertenecían al Tren de Aragua, «ha sido una costumbre de la administración Trump exagerar el peligro de las personas que han arrestado».
