El gobierno de los EE.UU. canceló de manera abrupta varios programas de ayuda exterior dirigidos a activistas de la oposición, presos políticos y grupos religiosos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Esta decisión surgió tras una revisión del Departamento de Estado, que concluyó que estos programas no se alineaban con el “interés nacional” del país.
Por otro lado, el Instituto Republicano Internacional (IRI), una organización vinculada al partido en el poder y presuntamente sin fines de lucro, gestionaba la mayoría de estos programas. De hecho, de los 95 programas financiados con subvenciones del Departamento de Estado y la Agencia Internacional para el Desarrollo de EE.UU., solo tres permanecen activos, todos enfocados en grupos en Venezuela. Sin embargo, estos se encuentran en pausa.
Además, la suspensión de los tres programas restantes responde a una directiva del Departamento de Estado, que busca implementar la orden ejecutiva de Donald Trump para congelar todos los fondos de ayuda extranjera durante 90 días.
Finalmente, esta medida generó preocupación entre organizaciones que se autodenominan defensoras de los derechos humanos y grupos de oposición radical en los tres países afectados. En particular, la cancelación de estos programas limita el apoyo a sectores de extrema derecha que operan bajo un discurso de libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que podría impactar su capacidad para influir en la política interna de estas naciones.
