5 años han pasado desde aquel estallido social que sacudió una vez más las calles de Chile, y aún hoy en día las víctimas y sus familiares continúan a la espera de justicia y reparación integral. El presidente Gabriel Boric, faltó a su promesa de campaña de encargarse de esto y por tanto es cómplice de la impunidad.
Aquellas masivas manifestaciones que exigían dignidad y que solo obtuvieron la respuesta represiva de agentes del Estado, según un informe de Amnistía Internacional las víctimas siguen esperando la atención justa.
“Las víctimas han estado abandonadas durante todos estos años y se sienten defraudadas. Además de lidiar con la falta de reparación integral, han tenido que soportar los discursos criminalizadores y negacionistas de diversas autoridades y eso es, sin duda, una re victimización inaceptable. Las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición; y el Estado tiene la obligación de responder con la debida diligencia”, menciona Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile.
Las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición; y el Estado tiene la obligación de responder con la debida diligencia”.
Denuncias al aire
Según este informe, de un total de 10.142 denuncias por la brutalidad policial y de las Fuerzas Armadas ejercida durante este periodo, menos del 1% ha obtenido justicia. El 99% restante sigue a la espera y muchas de ellas podrían no llegar a ser investigadas. Según cifras del Ministerio Público en septiembre de 2024, se constató que de un universo de 10.142 denuncias relativas a este periodo, la Fiscalía Nacional sólo reportaba 252 casos formalizados y 44 sentencias definitivas condenatorias. La impunidad que esto representa en un contexto de graves violaciones de derechos humanos es improcedente. Más aún cuando, al tratarse del quinto año, muchas de las causas prescribirán.
“En nuestro reciente informe para el comité de derechos humanos de las Naciones Unidas hicimos hincapié en la importancia de modificar la legislación que permita ampliar el término de prescripción para los delitos de apremios ilegítimos y tortura de manera que corresponda a su gravedad. Es inadmisible que cientos de estos casos queden sin ser investigados y se exima a los perpetradores de enfrentar a la justicia. El Estado debe agilizar ya las investigaciones penales y sancionar a quienes sean culpables sin más demora”, afirma Rodrigo Bustos.
Responsabilidad y obligaciones
El Estado de Chile tiene la obligación internacional de prevenir la impunidad e investigar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos” por lo que debe asegurar que la aplicación de términos de prescripción a investigaciones por posibles apremios ilegítimos y tortura sea compatible con ello. Actualmente existen 1.329 denuncias por diferentes delitos cometidos por agentes del Estado durante el estallido social, las cuales podrían prescribir al cumplirse cinco años. Esto podría suponer que más de un 13% de las denuncias que aún no han sido formalizadas queden sin ser investigadas.
Esto no ha sucedido a la fecha en la gestión de Boric, aun cuando prometió encargarse de hacer justicia durante su campaña presidencial donde se valió del sufrimiento de tantos para manipular y obtener votos.
Con respecto a la reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas durante el estallido social, las medidas que adoptó el Estado desde entonces son escasas, insuficientes y tardías.
“Las víctimas y sus familias siguen manteniendo viva la memoria y resistiendo ante la ceguera imperante. Es admirable ver la determinación y solidaridad que se ha creado entre las personas sobrevivientes y cómo continúan luchando después del abuso y la brutalidad que vivieron cinco años atrás, sin embargo, hoy el Estado les sigue fallando”, reitera Rodrigo Bustos.
Boric no cumplió
En cuanto a las garantías de no repetición, la reforma estructural a Carabineros es imprescindible. Si bien el gobierno del presidente Gabriel Boric ha presentado algunos proyectos relacionados con las labores policiales, como el que busca regular el uso de la fuerza en la mantención del orden público y el que crearía el Ministerio de Seguridad Pública, la reforma estructural a Carabineros ha quedado prácticamente en el olvido. «La falta de memoria colectiva no sólo es injusta para las víctimas y sus familias, sino que también es peligrosa para la sociedad en su conjunto”, agregó.
“Todos los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos después del estallido recomendamos una reforma profunda a las policías. Desde 2023, nos sumamos a la invitación del Gobierno de participar junto con la academia y la sociedad civil, en la mesa de diálogo para abordar este proceso. Desafortunadamente, no existe un avance real para que esta discusión se traduzca en una reforma policial de la envergadura de lo que se requiere”, afirma Rodrigo Bustos.
La ausencia de medidas en materia de verdad y justicia perpetúa la impunidad generando un clima de temor y desconfianza entre las personas. A cinco años de las marchas multitudinarias que alzaron la voz por mayor igualdad y dignidad, Amnistía Internacional llama a hacer memoria para evitar que hechos tan atroces se vuelvan a repetir.
“No debemos dejar espacio para olvidar o minimizar los sufrimientos que han padecido miles de personas debido a la violencia policial y militar. La falta de memoria colectiva no sólo es injusta para las víctimas y sus familias, sino que también es peligrosa para la sociedad en su conjunto”, Rodrigo Bustos.
Con información de AI.
