Panameños tomaron las calles en rechazo a transnacionales mineras

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Este martes, cientos de panameños salieron a la calle para protestar en contra de la renovación de una concesión a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals y para exigir al Gobierno de Laurentino Cortizo revertir la medida, que según los manifestantes causará un daño ecológico irremediable.

Como medida de presión los manifestantes cerraron varias vías en la capital; así como en las provincias: Colón, Chiriquí, Veraguas, Los Santos y Coclé. Los panameños calificaron el contrato como «vendepatria». Además, aseguraron que lesiona la autodeterminación del país. «Le estamos entregando nuestra soberanía a injerencias extranjeras», expresó Saúl Méndez, miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de Panamá, informó que al menos 48 personas han sido detenidas «por su participación en actos vandálicos, por el robo a transeúntes en diversas paradas y por destruir la propiedad privada y del Estado».

Consulta popular

Los panameños alegan que no fueron consultados sobre la medida, es por ello que piden al Gobierno que realice una consulta popular y que sea el pueblo quien decida si Panamá es un país minero o no.

Sindicatos de trabajadores de la construcción, maestros, comunidades indígenas. Así como estudiantes universitarios, personal sanitario, organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza también apoyan que el Gobierno someta la ley a una consulta popular.

Contrato

El contrato le permite a Minera Panamá operar en el país por 20 años, con la posibilidad de una prórroga de otros 20 años más. La mina de Cobre Panamá está ubicada en la costa del Caribe y tiene una extensión de 12.955 hectáreas y produce unas 300 mil toneladas de concentrado de cobre al año.

El contrato también establece que la minera debe cancelar anualmente al Estado mínimo 375 millones de dólares. Sin embargo, la empresa calcula que los pagos totales por impuestos y regalías para los años 2022 y 2023 alcancen los 770 millones de dólares.

Cortizo se mantiene firme

A pesar de las protestas y el malestar de los panameños, el presidente Laurentino Cortizo, justificó la decisión de su Gobierno alegando que la relación con la mina existe desde hace más de 30 años y que se hicieron las consultas pertinentes.

«Tomamos la decisión correcta, no la más fácil. Luego de una difícil y complicada negociación por más de 2 años, se acordó en el 2023 un contrato entre la empresa Minera Panamá y el Estado panameño, que garantiza muchos mejores términos y condiciones para el país», aseguró el mandatario.

En este sentido, Cortizo hizo «un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones, la propiedad privada y pública y el libre tránsito. No toleraré vandalismo, ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno. Estos actos serán judicializados».

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