El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, cada vez está más cerca de enfrentar el juicio por soborno de testigos y fraude procesal. Esto, luego que, por segunda vez, la justicia negara el pedido de la Fiscalía para cerrar la investigación en su contra.
Este martes, la jueza Laura Barrera del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá ratificó que existen pruebas de que el expresidente Uribe tiene “la condición de partícipe” en el delito de soborno y manipulación de testigos.
«Contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe»; dijo la jueza.
🚨#ÚLTIMAHORA ¡El #Matarife IRÁ A JUICIO POR SOBORNO! Juez del juzgado 41 penal de Conocimiento de Bgtá NEGÓ LA PRECLUCIÓN x ese delito. Aún están pendientes los otros hechos relevantes.👍👏👏 #UribeAJuicio #LuchoConPetro @IvonneMilenaGo @LAPacifiKA @willj84753699 @SinCensuraCol pic.twitter.com/HB73QyctpN
— ર u в é η ᴾᴴ (@RubenPinzonHdez) May 23, 2023
De concretarse el juicio contra Uribe, se convertiría en el primer expresidente colombiano en ser enjuiciado. Aunque, la Fiscalía puede preparar una nueva solicitud para cerrar la investigación o apelar la decisión de Barrera ante otro juzgado.
Esta es la segunda vez que la justicia colombiana rechaza archivar el caso contra Uribe, dado que en 2022, la jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, negó la preclusión del caso contra el exmandatario.
El camino al juicio contra Uribe
El caso contra Uribe data de 2018, cuando la Corte llamó al expresidente a indagatoria, ya que las pesquisas de ese alto tribunal apuntaban que a través de terceros, como el abogado Diego Cadena, intentaron manipular a exparamilitares para que declararan contra el senador Iván Cepeda.
Por el mismo caso, en agosto de 2020 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe.
Pero, el 8 del mismo mes el exmandatario renunció a su escaño en el Senado y perdió su condición de aforado. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia perdió su competencia en el caso y pasó a la Fiscalía. Finalmente, en octubre del mismo año una jueza ordenó la libertad de Álvaro Uribe.
Al exmandatario colombiano lo podrían condenar a prisión por los dos delitos, que en Colombia tienen como pena unos ocho años de cárcel.