Un pago de 5 millones de dólares habría recibido el grupo que elaboró el informe reciente sobre derechos humanos en Venezuela, con acusaciones por presuntos delitos de lesa humanidad.
Así lo aseveró el canciller Jorge Arreaza, al participar en un foro por videoconferencia, en entrevista con Héctor Díaz; del movimiento cultural mexicano “Para Leer en Libertad”.
“Creo que gastaron 5 millones de dólares en esa Misión de Verificación de Hechos. 5 millones para que hicieran un refrito del informe de Almagro”, expresó el ministro de Relaciones exteriores venezolano.
Agregó que esa misión no ha visitado Venezuela, no ha conversado con ninguna autoridad nacional, no ha visitado recintos penitenciarios, ni ha hablado con dirigentes de oposición.
Arreaza lamentó que el financiamiento que otorgan los Estados a instancias de Naciones Unidas, se destinen en muchos casos para la agresión selectiva contra pueblos y gobiernos soberanos.
En ese sentido, rescató palabras del abogado y académico español, Antonio Remiro Brotoms; quien afirma que esas instancias “no hacen política de derechos humanos, sino que hacen política con los derechos humanos”.
Informe cuestionable
El canciller Arreaza explicó que esa “Misión de Verificación de Hechos”, surgió de una resolución del Consejo de Derechos Humanos; que se aprobó con menos del 10% de votos de países cartelizados contra Venezuela.
Reiteró que “ese informe es un refrito de un informe que hizo el señor Luis Almagro, el sicario general de la OEA. Un informe que 6 países del grupo de Lima lo llevaron a la Corte Penal Internacional en 2018 y no tuvo mayor repercusión”.
Dijo que al reporte “se le ven las costuras” y aseguró que el gobierno de Iván Duque es uno de los promotores de la nueva agresión contra Venezuela. Por esta razón, se preguntó “¿y qué está pasando en Colombia hoy?, la violación de los derechos humanos, permanente, en los últimos 60 años, con la oligarquía colombiana en el poder”.
Destacó que, en los últimos meses, todos los días hay una masacre en ese país. Recordó los asesinatos a líderes sociales, excombatientes, niños y los hechos de represión policial más recientes con más de una docena de muertes en Bogotá.
