La Contraloría de Chile declaró ilegales una serie de convenios entre organismos estatales y fundaciones aliadas del presidente Gabriel Boric. El denominado “Caso Convenios” supera los 13 mil millones de pesos (15,5 millones de dólares).
Además, el dictamen de la Contraloría, reveló la incapacidad, los abusos e ilegalidad de los procesos en la gestión del líder chileno, que hunden a su administración.
Es este sentido, el ministro de Justicia, Luis Cordero, admitió: “Hay casos que tienen que ser calificados de corrupción. Democracia Viva es un caso”. Al tiempo que cuestionó la falta de “criterio y capacitación” de algunas autoridades gubernamentales; e incluso el abuso de la personalidad jurídica de las mismas para obtener beneficios.
Por su parte, el Senador Juan Luis Castro dijo durante una entrevista sentir vergüenza por apoyar al Gobierno de Boric, estas declaraciones surgen luego que la Contraloría General de la República declarara ilegales 29 convenios de 34, involucrados directamente con el Gobierno.
“Si son 13 mil millones de pesos los que el Contralor detecta en esas 29 fundaciones y casos de gobiernos regionales. Esto es un escándalo de marca mayor. A mí me da una vergüenza enorme estar apoyando al Gobierno”, manifestó Castro.
Mientras que, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, instó a Boric hacer lo mismo que la expresidenta Michelle Bachelet, en mayo de 2015, que pidió la renuncia de su Gabinete cuando se destapó el Caso Caval.
Entretanto, destacó: “Estamos en presencia de un caso de corrupción tremendamente grave. La expresidenta Bachelet le pidió la renuncia a todo su gabinete en esa oportunidad. Aunque, para el actual presidente quizás esta medida perjudique a alguno de sus amigos; pero el ‘amiguismo’ no puede estar por sobre la estabilidad del país”.
Curso de administración pública
La Contraloría aseguró en su dictamen que funcionarios del gobierno no realizaron el curso básico de administración pública y probidad que dicta el Centro de Estudios de Administración del Estado (CEA).
El cuestionamiento surgió a raíz del denominado Caso Convenios y luego que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, atribuyera esta última situación a una falta de capacitación por parte de la exsubsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez.
Dicha capacitación está dirigida a ministros, subsecretarios, jefes de servicio; así como jefes de gabinete y otros, y tiene como finalidad entregar nociones de cómo funciona la Ley 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.