La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos extendió la licencia a la empresa de fertilizantes filial de Pequiven en Colombia, Monómeros, hasta junio de 2023.
La extensión de la licencia surge luego que en julio de 2021, Monómeros pidió a la OFAC que le permitiera realizar transacciones, ante las sanciones impuestas por EE.UU. contra Venezuela.
Ahora, la licencia otorgada por la OFAC permite mantener operaciones en ese país hasta el 30 de junio de 2023.
Con esta aprobación, el Gobierno estadounidense estaría permitiendo al exdiputado Juan Guaidó mantener la gestión de la empresa.
Este permiso no autoriza la transferencia de propiedades bloqueadas, el débito de cualquier cuenta bloqueada, la entrada de cualquier sentencia.
Asimismo, tampoco permite órdenes que efectúe una transferencia de bienes bloqueados, o la ejecución de cualquier sentencia contra bienes bloqueados.
El documento del ente norteamericano agregó que la licencia está sujeta a ciertas condiciones, una de ellas es que los licenciatarios cumplan con sus términos y reglamentos.
“Esta licencia está sujeta a la condición, entre otras, de que los licenciatarios cumplan con sus términos y con todos los reglamentos, resoluciones; órdenes e instrucciones emitidas bajo cualquiera de las autoridades citadas anteriormente. Esta Licencia vence el 30 de junio de 2023 y no es transferible”, citó el documento.
Por lo tanto, personas de EE. UU., incluidas las instituciones financieras están autorizadas a participar en transacciones que involucran a Monómeros, al igual que y sus subsidiarias.
En ese sentido, quienes reciben estos permisos están obligados a llevar registros completos y precisos sobre las transacciones realizadas de conformidad con la licencia por un lapso de 5 años a partir de la fecha de cada transacción.
Adicional a eso, a más tardar de 30 días después del vencimiento de la autorización, los beneficiarios deberán presentar un informe detallado de todas las transacciones realizadas.
Vale recordar, que desde septiembre Monómero también está intervenida por el Gobierno colombiano que argumentó en su momento que estaba en riesgo de insolvencia; y además había sospechas de corrupción al interior de la compañía.