La Corte Internacional de Justicia (CIJ) convocó a Venezuela y Guyana para discutir vía telemática el diferendo sobre el territorio Esequibo para el 25 de enero. Llamado que rechazó el gobierno venezolano y tildó de “atropellado”.
El Ejecutivo asegura que esta convocatoria “no proporciona al país el tiempo necesario para realizar las consideraciones antes de asumir una posición sobre un tema vital”; como lo es la disputa por el territorio Esequibo.
“Venezuela considera atropellada la próxima convocatoria telemática de la CIJ sobre el caso Esequibo y reitera su demanda para que se postergue hasta el mes de abril de 2021 y se organice de forma presencial”, escribió el canciller Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter.
Asimismo, advierten que este desconocimiento por parte de la CIJ “podría ser considerado como un mal inicio a la luz de las debidas garantías que deben brindarse para la preservación de los derechos de ambas partes”.
La convocatoria se hizo violando el Acuerdo de Ginebra de 1966. Establece que cualquier solución que se consiga a este diferendo debe ser de mutuo acuerdo.
Las Comisiones Presidencial y los diputados de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para la defensa del Esequibo, acordaron impulsar las políticas que desde el Ejecutivo Nacional, se han ideado para reclamar la defensa y soberanía del territorio Esequibo; bajo los lineamientos que establece el Acuerdo de Ginebra.
Una posición injusta de la CIJ
Ya Venezuela ha alertado que la CIJ, al calificarse competente para emitir veredicto sobre el laudo arbitral, busca favorecer los intereses corporativos y trasnacionales por encima de la soberanía, por lo que usa la politización de la decisión. Además, es clara la situación coyuntural que busca acelerar un fallo para solo favorecer a Guyana y sus aliados.
En el territorio Esequibo existen grandes posibilidades energéticas y mineras, debido a las grandes bondades naturales. Además de ha comprobado que los yacimientos de petróleo, gas, oro, diamante y otros minerales cubren una esta extensión de 159 mil kilómetros.
Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la CIJ en la que pide al tribunal internacional validar el laudo arbitral de 1899; que le da control absoluto sobre el territorio. Sin embargo, Venezuela mantiene su posición en la que ratifica que este territorio fue ultrajado a la nación.