Este martes, la Fiscalía de Perú interrogó a la presidenta interina Dina Boluarte, por la muerte de más de 60 ciudadanos durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023.
Es importante destacar que entre las exigencias de los manifestantes están: la renuncia de Boluarte, elecciones anticipadas, el cierre del Congreso y la creación de una Asamblea Constituyente. Estas peticiones son consideradas como claves para resolver la crisis política que atraviesa actualmente del país. El descontento nacional inició el pasado mes de diciembre con la destitución del entonces presidente Pedro Castillo.
Por su parte, el despacho de presidencia, informó a través de la red social Twitter, que Boluarte culminó su presentación, donde brindó declaraciones sobre la investigación que sigue el Ministerio Público. Sin embargo, no ofreció mayores detalles.
Dado el rango de los investigados, la fiscal general, Patricia Benavides, está a cargo de la indagación. Los implicados podrían recibir como castigo una pena mínima de 20 años de cárcel por genocidio.
El exprimer ministro, Pedro Angulo y otros exfuncionarios del gobierno también son investigados por las muertes. En enero y febrero, el primer ministro Alberto Otárola brindó declaraciones sobre lo sucedido.
Protestas y muertos
Según la Defensoría del Pueblo, las protestas han dejado, hasta el momento, 69 muertos y más de 1.300 heridos. Casi todos los fallecidos son civiles, la mayoría recibió proyectiles de arma de fuego y algunos fueron impactados por tiros en la cabeza.
Recordemos que Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre, cuando su antecesor, el entonces presidente Pedro Castillo, intentó disolver el Parlamento y lo destituyeron. Castillo está detenido preventivamente por 18 meses por el presunto delito de rebelión en una cárcel para presidentes en Lima.
En la más recientes encuestas de febrero del Instituto de Estudios Peruanos, el 88% de los interrogados pidió un adelanto de las elecciones, el 90% desaprobó al Parlamento y 77% a la mandataria Boluarte.