Otra de las acciones que emprendieron exdiputados de la ultraderecha durante la gestión que encabezaron en la Asamblea Nacional, denunció el parlamentario opositor, José Brito; quien habló sobre la preparación de los procesos de interpelaciones que comienzan la próxima semana.
En una entrevista televisiva Brito, uno de los actuales representantes oposicionistas que forman parte de la nueva Asamblea Nacional venezolana, dijo que los objetivos planteados por Juan Guaidó para “el cese de la usurpación”, terminaron siendo el camino y la excusa para expoliar los recursos de la nación.
“Aprobaron en ese concierto de malandros girar instrucciones para apropiarse de 18 millones de dólares para costear a bufetes de abogados que han reclamado la recuperación de activos de la república; pagándose y dándose el vuelto”, expresó Brito.
Además, añadió que, tras investigar, resulta que se trata de los bufetes de amigos de esos exdiputados que promovieron el robo de los recursos.
Justicia, no venganza
Brito adelantó que el proceso de comparecencias e interpelaciones iniciará con el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. También con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, para ponerse al día acerca del avance de las investigaciones.
En ese sentido, afirmó que la Asamblea Nacional espera que las sesiones de interpelación se transmitan a través de medios de comunicación para que el pueblo siga de cerca de manera transparente.
“Para que haya paz en un país tienen que haber justicia”, expresó. Por otra parte, el diputado opositor resaltó la diferencia entre el concepto de justicia y el concepto de venganza.
El diputado José Brito recordó que, cuando desde la propia oposición se alzaron contra las aberraciones promovidas por el grupo de Guaidó; quienes exigían justicia fueron víctimas de agresiones, sicariato moral y político.
Finalmente, ratificó su compromiso con la investigación, a fondo, de los hechos de corrupción tanto por parte de voceros de la derecha como de la “corrupción roja-rojita” en la que incurran funcionarios chavistas.
