El 2020 inició enlutando los titulares de la prensa colombiana, donde con menos de 30 días del año ya alcanza una cifra de al menos 20 líderes sociales asesinados.

Sin distinción alguna, hasta en compañía de sus familias o amigos, los asesinos llegan a las viviendas para acabar con la vida de quienes para ellos son un obstáculo en sus intereses territoriales.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reiterado su llamado al Gobierno colombiano a tomar medidas efectivas para que cesen los asesinatos, luego que se conociera que en tan solo 18 días del mes de enero, se registran 21 homicidios a líderes y lideresas sociales.

Acuerdo de paz no tan efectivo

En 2016 y bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos se firmó el acuerdo de paz con las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), con el objetivo de frenar el conflicto armado en Colombia, sin embargo, con la llegada de Iván Duque a la presidencia la violencia se incrementó, lo que significa una consolidación de  distintos actores armados que van desde disidencias de las Farc, pasando por el ELN y los Pelusos, hasta grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc o Clan del Golfo) y los Caparros. Dentro del listado, las estructuras paramilitares son las responsables de las principales acciones de violencia cometidas.

En 2018 la cifra de asesinatos a defensores de derechos humanos y líderes sociales cerró en 282, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz  (Indepaz), mientras que en 2019  hubo una mínima reducción de muertes, se registraron cerca de 155, lo que ubica a Colombia como el país que asesina más defensores y líderes sociales en el continente según la ONU, pues desde la firma del acuerdo de paz se suman 555, reportó la Defensoría de Colombia. Sin embargo, organizaciones de DD.HH. aseguran que hay más de 700 homicidios de esta índole.

Para Duque esta reducción fue un logro, gracias a su política del Plan de Acción Oportuna (PAO), que según sus estadísticas existe la reducción efectiva con esa medida. Asimismo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales aseguró a finales de 2019 que no existe sistematicidad de los asesinatos, pues ”no podemos hablar de sistematicidad ya que cada territorio tiene sus particularidades”, expresó Francisco Barbosa, titular de esta cartera.

Sin embargo, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez admitió sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, es decir, reconoció de la existencia de un plan para acabar con la vida de estas personas y  que estos homicidios no obedecen a casos aislados, mismos argumentos que presentan las diversas organizaciones sociales que exigen justicia.

Por su parte, los grupos defensores de derechos humanos aseguran que uno de los motivos por los que se han reducido los asesinatos es porque grupos armados se han consolidado en algunas zonas, como en el Chocó.

¿Qué hay detrás del asesinato?

La investigadora social, Karen Dávila, explicó en exclusiva a Red Radio cuál es el motivo por el que se desatan los asesinatos a líderes sociales.

Dávila detalló que Colombia es el primer productor de cocaína del mundo, por lo que estos asesinatos se perpetraron por el control de los territorios, extracciones de minerales y otras actividades económicas.

“Todo el que organice, concientice al voto, el que organice para que asuma trabajo desde la legalidad se vuelve un blanco para este grupo”, apuntó.

 

Según el informe “Todos los nombres, todos los rostros”, publicado en 2018, alguno de las razones son la defensa del territorio y de los recursos naturales, procesos de restitución de tierras y de retorno, denuncias relacionadas con temas de expendio de drogas y respecto a la inversión de recursos públicos.

De esto, cabe destacar que los departamentos en que se desarrollan los asesinatos siempre son los mismos: Chocó, Antioquia, Putumayo, Cauca y Norte de Santander.

La investigadora social explicó que esto se debe a que son las zonas donde está el cultivo de coca, se desarrollan proyectos de minería, petróleo y en Antioquia que es una zona que tiene paso hacia Panamá, por lo que se disputa el control geopolítico para el transporte de la droga.

¿Es real la “preocupación” internacional?

La ONU y la Unión Europea (UE) se han pronunciado por las alarmantes cifras en los asesinatos, sin embargo, desde estos entes multilaterales nunca se ha ido más allá de informes, pues no han manifestado ni sanciones ni medidas jurídicas ante la incapacidad gubernamental para atacar este flagelo.

Dávila señaló que desde la UE siempre se habla de los DD.HH., pero no se generan mecanismos para protegerlos, ”solo utilizan el discurso sin ninguna acción”, acotó.

Asimismo, recordó que la UE estuvo presente durante el proceso de paz y ha financiado proyectos productivos, pero su pronunciamiento no va más allá de lamentar las muertes, sin ninguna medida para atacar este problema.

Por su parte, la ONU ha tenido presencia en el lugar de los hechos y se ha limitado a los múltiples informes, en los que se llama al Gobierno a tomar medidas eficaces.

“Que los responsables sean llevados ante la justicia, y que se tomen medidas efectivas para mejorar la seguridad, incluso mediante la extensión de la presencia integrada del estado civil y de seguridad a las zonas afectadas por el conflicto”, citó el último informe de a organización.

En mayo de 2019, 250 académicos del mundo criticaron fuertemente las políticas del gobierno del Presidente Iván Duque, que, según ellos, ha fallado en detener una escalada en agresiones en contra de defensores de derechos humanos y reincorporados.

”En el caso de Colombia se advierte esta situación en relación con la política económica que promueve las medidas extractivas como eje de desarrollo, lo cual incentiva y facilita que sectores de poder que representan intereses diversos copen los territorios, instalándose una escalada de asesinatos contra líderes y lideresas quienes defienden los derechos de los pueblos y las comunidades locales”. Manifestaron los académicos en una carta abierta a Duque.

Los estudiosos criticaron la falta de reconocimiento de esta situación por parte del gobierno y reclamaron, además, acciones de fondo para detener el continuo y sistemático derramamiento de sangre a manos de grupos criminales.

Un logro del Acuerdo de Paz: JEP

Una de las consecuencias que dejó el Acuerdo de Paz fue la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y al parecer uno de los pocos puntos que se han cumplido.

La JEP ha permitido el descubrimiento del archivo de sangre de Colombia y cómo fue la política de seguridad democrática con los falsos positivos, pero que sin duda ha sido un avance para saber la verdad en la manera de actuar de los paramilitares, miembros de las fuerzas militares colombianas y disidentes, los mismos que en la actualidad tienen vinculación en la muerte de los líderes sociales y que en muchos casos gozan de impunidad.

La investigadora social destacó que la JEP ha logrado que los culpables confiesen sobre casos de violencia, lo que permitió el descubrimiento de fosas comunes.

“Al existir cuerpos y destapar las características de las muertes, se devela cómo diferentes actores de la institucionalidad se han prestado para el exterminio del pueblo colombiano”, apuntó Dávila.

 

Lo que queda claro es que en los últimos tres años tras la firma del Acuerdo de Paz, la violencia contra los líderes sociales no ha cesado, pero el inicio de este año ha sido uno de los peores períodos amparado bajo el silencio del gobierno de Iván Duque.

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