El Gobierno de coalición español (PSOE y Unidas Podemos) está dispuesto a llegar a los tribunales para frenar el pin parental que contempla implantar el Gobierno de Murcia.

Vox, partido político de ultraderecha español fundado a finales de 2013 y presidido por Santiago Abascal, defiende que los padres tengan derecho para autorizar la asistencia de sus hijos a charlas LGTBI o sobre violencia de género.

El pin parental que exige Vox ha abierto un debate social entre los partidos políticos y colectivos académicos con manifestaciones a favor y en contra de implantarlo.

Según definió Vox en su programa electoral, el pin parental trata de “una solicitud dirigida a los directores de los centros educativos en los que estudian nuestros hijos”. Una instancia con la que los padres pueden solicitar al colegio que les informe previamente, “a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad”.

Las críticas también vienen porque la línea política ha empleado un término que está ampliamente extendido entre los padres como un concepto tecnológico de protección. El pin parental es una clave que ofrecen varias plataformas para bloquear en la televisión o el ordenador determinados contenidos que los padres consideren que no son apropiados para sus hijos, por ser violentos o explícitamente sexuales. Vox ha querido trasladar a la educación el concepto de pin parental, en lugar de hablar de veto, para que se perciba como una protección y no una censura en los contenidos como la educación sexual y afectiva o el medio ambiente.

El Gobierno de España (PSOE y Unidas Podemos) ha anunciado que recurrirá por la vía administrativa o judicial las medidas que en este sentido tomen Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos (Cs) allá donde gobiernen.

El mandatario español Pedro Sánchez, a través de un mensaje en su cuenta Twitter, expresó su rechazo a este formulario.

“Vulnera el derecho fundamental de los niños a ser educados. Es un instrumento de censura educativa que no podemos tolerar en nuestras escuelas”, ha defendido Isabel Celaá, ministra de Educación, en su discurso posterior al Consejo de Ministros celebrado este viernes.

Celaá advirtió que este veto parental es contrario al artículo 1 de la actual ley de educación (Lomce) sobre “la formación integral del alumno”, a las propias normas autonómicas y a la ley contra la violencia de género.

Entretanto, la ministra de Igualdad, Irene Montero manifestó que “Los hijos e hijas de padres y madres machistas tienen el mismo derecho a ser educados en valores igualitarios”, “en libertad y en feminismo”, “de amar a quien quieran y cuando quieran”.

El pin parental se ha convertido en uno de los requisitos que el partido de Santiago Abascal quiere imponer en la Región de Murcia, en la Comunidad de Madrid y en Andalucía para dar apoyo a sus presupuestos. Ahora, PP y Cs han firmado un acuerdo con Vox para sacar adelante las cuentas de 2020 que incluye el pin parental.

 

 

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