El asesinato sistemático de los líderes sociales en Colombia se intensifica sin respuesta del Gobierno de Iván Duque, pues a solo 12 días del 2020 la cuenta ya llega a 13, según cifras del Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Antioquia, Putumayo, Cauca y Chocó fueron los territorios protagonista de los asesinatos durante estos primeros días del año.

Carlos Cardona de Ituango fue asesinado el 2 de enero en Antioquia, Cristian David Caicedo de Guapi en Cauca el 3 de enero, Virginia Silva Paez en Cauca el 7 de enero y  Gloria Ocampo de Puerto Guzmán en Putumayo el mismo día, Carlos Alonso Quintero de Puerto Guzmán (Putumayo) el 8 de enero y Emilio Campaña ese mismo día.

El mismo 8 de enero asesinaron a Mireya Hernández Guevara en Huila y de Óscar Quintero en Puerto Guzmán, mientras que el 9 fueron víctimas Anuar Rojas Isaramá en Nuquí en Chocó un día más tarde y Gentil Hernández en la misma localidad.

El 10 se conoció la muerte en Cauca de Amparo Guegía, junto a su hijo, Juan Pablo Guejia y un excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“La situación es grave en Tumaco, Cauca, Huila, Chocó y Antioquia, allí hay amenazas graves. El Gobierno tiene unas cifras que no son claras y no cuadran, creo que han informado mal al presidente”, así lo alertó el director de Indepaz, Camilo González.

 

González denunció que el Gobierno colombiano vive una realidad contradictoria, debido que manejan unas cifras en las que aseguran que se disminuyó el 25 por ciento de los crímenes contra líderes sociales en el país.

Para el Gobierno de Iván Duque en Colombia no existe una política de exterminio contra líderes sociales ni representantes de derechos humanos.

Sin embargo, el pueblo colombiano sabe que no es así y por eso ha mantenido protestas en la calles, para que el Gobierno respete el Acuerdo de Paz firmados en 2016.

¿Por qué las zonas rurales?

Los escenarios en los que son asesinados los líderes sociales casi siempre son los mismo, los departamentos afectados (Chocó, Antioquía, Putumayo) mayormente se repiten, pero por qué.

Estos departamentos son zonas rurales en las que se disputa el control de las disidencias por el territorio, y son lugares en las que se desarrolla el cultivo ilícito, el narcotráfico y el paramilitarismo.

Acciones a las que el Gobierno no ha dado mayor importancia para acabarlas, con ninguna de sus políticas violando así el Acuerdo de Paz.

Tan alarmante es la situación, que a finales de 2019 en el  “Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia” se alertó que los líderes sociales seguían siendo blanco de violencia e intimidación por parte de grupos armados ilegales, organizaciones criminales y cárteles de la droga. Por lo que llamaban a Duque a tomar medidas más efectivas para proteger la vida de los dirigentes, a los defensores de derechos humanos y a los excombatientes.

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