Por: Alberto Aranguibel

Se tiene por norma universal definitoria de la democracia la libertad de pensamiento y la garantía de la posibilidad de coexistencia civilizada de partidos políticos, no solo divergentes sino incluso antagónicos desde un punto de vista ideológico. Pero de ninguna manera está establecido en la teoría política, bajo ninguna forma de pensamiento, que es obligatoria esa condición referida a la existencia de la diversidad política en la sociedad para entenderse como democrática.

Para ello, lo único que debe ser obligatorio es que esas libertades y garantías plenas para la expresión o la participación existan. Pero, si la sociedad rechaza de manera invariable las propuestas de corrientes de opinión distintas a las que abriga o respalda en un momento determinado la mayoría, de ninguna manera puede considerarse fallido o incompleto dicho modelo.

Menos aún cuando esas garantías, ese aseguramiento de las libertades de expresión o de participación, se ejercen en la forma más amplia, consistente y estricta, por todos los órganos del Estado y de la vida pública en general, como sucede en Venezuela.

Si un sector cualquiera de la vida nacional, como la oposición, se rebela contra las formas convencionales de la política y se erige en poder fáctico, que apela de manera permanente a la desestabilización y al golpismo contra los gobiernos legítimamente electos por la inmensa mayoría de los ciudadanos; que no presenta propuestas alternativas que interesen al pueblo para la construcción del estado de bienestar y de paz al que todas y todos aspiran; que no acepta la fórmula del voto universal como base de la institucionalidad y la gobernanza, el problema no tiene que ser asumido como un problema de carácter nacional que arrastre consigo a toda una población que nada tiene que ver con la ineptitud e incompetencia de ese fracasado sector.

En Venezuela no existe (ni ha existido) una oposición a la altura de las exigencias, los retos y la necesaria madurez política que reclama el país. El desastre que hoy cunde en la oposición solo demuestra, una vez más, que la revolución no ha tenido nunca un verdadero contrapeso propiamente político. Así que nadie se alarme. Vivir sin oposición no solo es legal y constitucional, sino que es perfectamente posible.

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