La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó que subió a 10 la cifra de civiles muertos tras la represión policial y militar registrada el pasado 19 de noviembre contra manifestantes en los alrededores de la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en Senkata, de la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.

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En un comunicado colocado en su cuenta Twitter, la institución humanitaria indicó ayer miércoles que “falleció Calixto Huanacu Aguilar, quien resultó herido durante los hechos de violencia en Senkata, El Alto”.

La entidad defensora de los derechos humanos informó el pasado 20 de noviembre que la causa de muerte de los civiles en Senkata fue por impactos de proyectiles de armas de fuego, cuya autoría se investiga. Asimismo, señaló que un total de 31 personas han fallecido desde el 20 de octubre, de las cuales 28 ocurrieron tras el golpe de Estado del 10 de noviembre.

El Gobierno de la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez aprobó un decreto que eximió de responsabilidad penal a los militares que participen de los operativos internos para restablecer el orden. Por otra parte, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Bolivia y calificó de “grave” el contenido del decreto que eximió de responsabilidad penal a los militares.

 

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