Hasta ahora, 30 años después, no ha habido personas condenadas por las protestas violentas ocurridas en varias ciudades venezolanas entre el 27 de febrero y 3 de marzo de 1989, hecho conocido como “El Caracazo”, según revisión de las sentencias publicadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público las protestas del llamado 27-F, tuvieron su origen, en que los choferes de las rutas urbanas trataron de imponer nuevas tarifas con un incremento de 50%.

Ante ello, los usuarios protestaron de manera violenta contra las unidades de transporte, destruyendo y quemando muchas de ellas, creándose un efecto multiplicador al extremo de originarse saqueos y destrucción de locales comerciales, desde abastos hasta supermercados, según Fiscalía.

Estos actos de violencia se iniciaron en Guarenas y Guatire, expandiéndose posteriormente a las principales ciudades del interior del país.

El día 28 de febrero de 1989, el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez ordenó la aplicación del Plan Ávila de manera inmediata, con el objeto de restituir el orden público, decretó el estado de emergencia y suspendió las garantías constitucionales “por lo que las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público, estableciéndose un toque de queda a lo largo del territorio nacional”.

De la aplicación del Plan Ávila el balance oficial de pérdidas humanas dejado por los hechos, fue de 336 víctimas, comprendidas en  331 fallecidos y cinco 5 lesionados, “cifras estas que a las claras lucen totalmente desproporcionadas”, acusó la Fiscalía. De hecho, organizaciones defensoras de derechos humanos hablan de 3.000 muertos, en su mayoría fueron sepultados en fosas comunes ubicadas en el Cementerio General del Sur,Caracas.

En Noviembre de 1999 el entonces presidente Hugo Chávez asumió la responsabilidad del estado venezolano en las muertes del Caracazo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al país a identificar a las víctimas e indemnizar a 37 de ellas. Venezuela abarcó más víctimas y en el 2.010 inició el proceso para indemnizarlas. Ese año le correspondió a 186.

Por su parte la Fiscalía formuló solicitudes de juicio contra el  ex jefe del Comando Estratégico de Caracas Manuel Heínz Azpurúa, el ex director de la Policía Metropolitana general retirado de la GN, José Rafael León Orsoni y al ex ministro de la Defensa, Italo Augusto del Valle Alliegro.

Este último fue favorecido por la Corte de Apelaciones de Caracas, cuyos jueces declararon que ya su causa había prescrito, según sentencia del 28 de junio de 2010.

La Sala Penal del TSJ anuló dicha decisión y declaró que los jueces Ángel Zerpa, José Alonso Dugarte y Juan Carlos Villegas habían cometido “error inexcusable” al emitir una sentencia que excluía de responsabilidades al ex ministro del Valle Alliegro. El juez Zerpa, uno de los autores de esa decisión, es uno de los 33 magistrados que se autoconstituyeron en 2017 como “Tribunal Supremo en el exilio”.

Eligio Rojas/RedRadioVe

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